FALLO N°: 78/22 SALA “B”: En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la provincia de La Pampa, a los 20 días del mes de octubre de 2022, se reúne la Sala “B” del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por los señores Jueces Filinto Rebechi y Mauricio Piombi, asistidos por la señora Secretaria María Elena Grégoire, a los efectos de resolver el Recurso de Impugnación interpuesto por la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez en fecha 29 de agosto de 2022, a cargo de la defensa técnica de J. A. R. , en Legajo N° 127852/1 -registro de este Tribunal-, caratulado: “R. , J. A. s/ Recurso de Impugnación”, del que:

RESULTA:

Que la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, con fecha 12 de agosto de 2022, mediante Sentencia N° 75/22, resolvió: Condenar a J. A. R. , como autor material y penalmente responsable de los delitos de Lesiones Leves agravadas por haberse mantenido una relación de pareja (arts. 89, 92 y 80 inc.1° del C.P.), -dos hechos-, Amenazas Simples (art.149 bis- primer párrafo- primer apartado del C.P.) y Amenazas Simples Agravadas por el uso de Armas (art.149 bis -primer párrafo segundo apartado primer supuesto del C.P.), todo en concurso real (art. 55 del C.P.), encuadrado a su vez en los presupuestos de la Ley 26.485 de Protección integral de las mujeres, a la Pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo (art. 27 segundo párrafo del C.P.), declarándolo reincidente (art. 50 del C.P.).

Que contra dicha sentencia, la Defensora oficial María Silvina Blanco Gómez, por las motivaciones de procedencia de “errónea aplicación de la ley sustantiva” (art. 387 inc.1° del C.P.P.) y “errónea valoración de la prueba” (art.387 inc.3° del C.P.P.), interpone Recurso de Impugnación, solicitando la absolución de su defendido. Subsidiariamente, respecto de la condena impuesta, teniendo en cuenta el agotamiento de la condena al momento de dictarse la sentencia,  expresa que corresponde sea disminuida conforme lo peticionado en el último motivo de agravio. Sin perjuicio de ello, al haberse expresado agravios independientes entre sí respecto a hechos independientes entre sí, también en forma subsidiaria deja peticionado se disminuya la pena impuesta conforme prosperen los agravios expuestos.

Habiéndosele dado el trámite de procedimiento abreviado (art.403 del C.P.P.), ha quedado ésta en condiciones de ser resuelta, se estableció el orden de votación correspondiente, siendo el primero el señor Juez Filinto Rebechi y luego el señor Juez Mauricio Piombi, y:

CONSIDERANDO:

El señor Juez Filinto Rebechi, dijo:

En principio cabe afirmar que el Recurso de Impugnación deducido por la defensa de J. A. R. resulta admisible a tenor de lo preceptuado en los arts.387 incs. 1° y 3°, 389 y 392 de nuestro ordenamiento procesal.

Otro de los requisitos esenciales requeridos para la viabilidad de este recurso, o sea los motivos en los que se fundamenta, se encuentran debidamente explicitados, brindando los mismos, el marco de avocamiento y contralor que este Tribunal revisor debe efectuar a los efectos de garantizar a quién resultara condenado mediante sentencia aún no firme, el derecho que tiene de que la imputación concreta en su contra, sea analizada una vez más en forma integral, a los fines de legitimar plenamente el poder punitivo estatal, conforme lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos (Art.8:2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art.14.5), incorporados a nuestra Carta Magna, como ordenamiento legal positivo, con la reforma constitucional de 1994.

En tal sentido, la C.S.J.N. en el Fallo “Casal, Matías y otros” (del 20/09/05), al referirse sobre los alcances de esta segunda instancia o doble conforme, expresó que: “…….debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, toda lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, solo inevitables por la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas”.

Que teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, habré de ingresar al examen de la cuestión planteada con la amplitud de conocimiento y revisión expuesta.

El Tribunal de Juicio, estableció la siguiente plataforma fática: “...tengo por acreditado que el día 06 de diciembre de 2021, en horas de la tarde, 15:00 horas aproximadamente, hallándose la pareja conformada por J. A. R. y M. A. D. en el interior de la vivienda que compartían, sito en calle …………… -depto.-…- de esta ciudad, estando R. ingiriendo bebidas alcohólicas se torna agresivo e inmediatamente la toma del cuello a su pareja, propinándole patadas a la altura de la cintura, ocasionándole lesiones que dan cuenta los informes médicos, le saca el celular y previa agresiones verbales le manifiesta “te voy a cagar matando”; mientras que el día 04 de febrero de 2022, en horas de la madrugada 01:30 horas aproximadamente, J. A. R. ingresa al domicilio sito en calle …………… -dpto-…- de esta ciudad, habitado por  M. D. y la hija menor que tienen en común y ante requerimiento de la nombrada para que R. se retire del departamento, éste se enoja comenzando a golpearla a la altura de la cabeza, mientras tenía en el brazo a la hija, heridas éstas certificadas medicamente, inmediatamente el nombrado le saca a la beba bruscamente y estando en la cocina, toma un cuchillo y le manifiesta a la Sra. D. “te voy a matar a vos y a la nena más vale que no te muevas ni llames a nadie”. Alertada la Policía por un llamado telefónico de una vecina, se hace presente en el departamento, procediendo a la demora y detención de R. .”

La prueba tomada en cuenta por el a-quo a los fines de dar por acreditado los hechos tal fueran descriptos precedentemente, son:

  1. La testimonial de M. A. D.
  2. Lo manifestado por la Trabajadora Social Antonella Andrea Gino;
  3. La testimonial del empleado policial Carlos Manuel Corral;
  4. Lo manifestado por la Licenciada en Trabajo Social Sandra Guillermina Torres;
  5. La Dra. Romina Camarero, médica del Servicio de Sanidad Policial;
  6. La testimonial de Gisela Peri, psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima y los Testigos, y
  7. La declaración testimonial de Azul Angelina L..

 

Por su parte la defensa basa sus agravios en:

  1. INOBSERVANCIA DE LA LEY SUSTANTIVA (art.387 inc.1° CPP):

El Tribunal para llegar a la conclusión que arriba en la sentencia recurrida, se basó entre otras pruebas en los informes médicos que fueron incorporados al juicio, pero que merecen cierto reproche penal.

Que el médico Solari Litardo fue desistido por la fiscalía en la Audiencia de Juicio. Según se la consultó a la Dra. Camarero por Litardo, dijo que por un problema particular renunció a sanidad policial y volvió a la provincia de Buenos Aires.

Meneguzzi también fue desistida por el Ministerio Público Fiscal en la respectiva audiencia.

Por tanto, dichas lesiones no pudieron ser probadas, teniendo en cuenta lo que dice el art.321 del C.P.P., dichas pruebas al ser desistidos los testigos que permitan aseverar las mismas, no pueden ser tenidas como producidas en juicio. Por tanto dichas lesiones quedan huérfanas de prueba.

La defensa entiende equivocado el razonamiento del a-quo de incorporar por lectura a los informes médicos de Litardo y Meneguzzi, cuando estos en calidad de testigos no comparecieron a juicio y en la misma audiencia fueron desistidos por el M.P.F.

En base a lo expuesto, la recurrente considera que no existe la certeza que requiere una sentencia condenatoria respecto de la existencia del hecho respecto del cual resultara condenado su defendido (arts.89 en relación con el 92 y 80 inc.1° del C.P.).

Así, y conforme el antecedente, los médicos no presentaron una causa válida que permitan sostener que no han podido asistir a prestar declaración, no se ha demostrado por parte de Fiscalía en contactarlos y traerlos a juicio, afectando por ello el derecho de la defensa en juicio del imputado, no pudiéndose incorporar por simple lectura sin contraponer lo establecido en el art.321 del C.P.P.

En relación a este agravio de la defensa, desde ya adelanto que voy a compartir el criterio de la recurrente, toda vez que le asiste razón a esta última en el sentido de que las lesiones que fueron constatadas en la denunciante respecto del hecho ocurrido el día 6 de diciembre de 2021 por el Oficial Inspector Litardo Solari Francisco de Sanidad Policial en fecha 7 de diciembre de 2021, no resulta posible su incorporación por lectura, toda vez que el art.321 de nuestro ordenamiento procesal resulta ser muy claro y preciso en el sentido de que solamente se podrán incorporar por lectura al juicio “las pruebas recibidas conforme al arreglo del anticipo jurisdiccional de prueba”.

En el caso que estamos analizando, no se ha solicitado por ninguna de las partes el pedido al señor Juez de Control de producción de prueba jurisdiccional anticipada tal lo prevé el art.264 de nuestro ordenamiento procesal.

Que es por ello que el Informe de Sanidad Policial de fecha 7 de diciembre de 2021 no podía ser incorporado por lectura en la Audiencia de Debate y por ende, haber sido tomado como prueba de las lesiones sufridas por la señora M. A. D.  el día 6 de diciembre de 2021.

Es por ello que respecto de las lesiones del mencionado día, por la cuales fuera condenado J. R. , corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa, resolviendo la absolución del nombrado a ese respecto.

 

  1. INOBSERVANCIA DE LA LEY SUSTANTIVA. RELATO DE LA VÍCTIMA. RETRACTACION.FALTA DE FUNDAMENTACIÓN SUFICIENTE DE LA SENTENCIA.

El Tribunal de Audiencia tuvo por acreditado ambos supuestos fácticos endilgados a R. , descartando el relato realizado en la Audiencia por la señora D., aduciendo que se estaba ante una víctima retractada y que dicha actitud obedecía a la situación de violencia de género, inmersa en un ciclo de violencia.

En la Audiencia de Juicio se contó con la presencia y el relato de la señora D.. Durante su declaración afirmó que los hechos no pasaron tal como ella había denunciado. Dijo que lo que denunció no pasó, que estaba ante el Tribunal para contar la verdad y que quería hacer las cosas bien.

La retractación de la denunciante en los casos de violencia de género resulta ser un tema que ha llevado a los Tribunales a tomar decisiones disimiles en relación a la continuación de los primigenios hechos delictivos denunciado y que en ocasiones puede llegar a traer consecuencias graves para quienes resultarían ser las víctimas de dicha violencia.

En un trabajo efectuado por Leandro Dománico “Algunas consideraciones respecto de la retractación de las víctimas en causas en las que media violencia degénero”(https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/jurisprudencia/Dom%C3%Adnguez%20y%20otro%)se trae a colación un informe del año 2018 realizado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, titulado “La violencia contra las mujeres en la justicia penal” en el cual se analiza entre otras cosas -y en lo que aquí interesa-, el fenómeno de la “retractación” de las víctimas.

El mismo reza: “Nuestra legislación penal no contempla la figura de la retractación de la denunciante frente al hecho denunciado. Esto implica que, una vez que la mujer inició una denuncia y puso en funcionamiento el sistema de administración de justicia, la investigación debe seguir su curso con independencia de la voluntad de la denunciante. Sin embargo el concepto de retractación se ha vuelto operativo en las causas judiciales sobre violencia de género, pues ante la solicitud de –retirar- la denuncia por parte de los denunciantes, los tribunales deciden con mucha frecuencia poner fin al proceso penal.
Los motivos de la retractación varían y en algunos casos pueden explicarse a través del círculo de la violencia.

En la reconciliación de la pareja, por ejemplo, existe una promesa de cambio por parte del denunciado y la mujer lo cree (durante la fase de arrepentimiento en el círculo de la violencia)

También puede ocurrir que las mujeres se sientan culpables por obstruir el vínculo con los hijos en común o que teman sufrir represalias. La dependencia económica o la falta de alternativas que afectan la autonomía también aparecen como factores que inciden en la retractación. Asimismo las mujeres pueden estar pasando una etapa de depresión o una sensación de desamparo e impotencia que les impide toma decisiones de cambio. Es ese sentimiento de culpa y de responsabilidad por lo sucedido lo que las lleva a -retirar- la denuncia.

Sin embargo, no todos los motivos recaen sobre las denunciantes. El desempeño del sistema de administración de justicia también influye en la desconfianza de las mujeres.

Es usual que las denunciantes resulten ser citadas en reiteradas oportunidades, para declarar sobre el mismo hecho. A la vez reciben poca información acerca del modo en que funciona el proceso penal, sobre sus derechos y el tiempo que demora una investigación penal. Todo ello desalienta a las mujeres a continuar con sus denuncias.

Del universo de 144 causas en estudio, las denunciantes se retractaron en 35 de ellas (24%). Corresponde destacar que entre las causas con retractación, 11 mujeres habían realizado denuncias previas por hechos de violencia. Asimismo, la mitad de los casos fueron calificados por la OVD con riesgo alto y altísimo y los restantes con riesgo moderado y bajo. La mayoría de los delitos denunciados fueron lesiones leves (30 casos) y amenazas (18 casos).

Por otro lado, surge que un 74% de las mujeres que se retractaron (26 casos) tenían hijos en común con el agresor y, en la mayoría de los casos, convivían con el denunciado al momento de los hechos. De las 35 causas en las que se registró que la denunciante se retractó de la denuncia, 2 casos continuaban en trámite al momento de la fecha de cierre de la presente investigación.

En este sentido, de las 33 causas finalizadas en las que hubo retractación, se pudo observar que el 85% concluyó con un sobreseimiento o un archivo…”.

El autor de este trabajo, concluye: “A raíz de lo expuesto, se evidencia la necesidad de un rotundo cambio en el modo de abordar, por parte de la justicia, los casos de violencia de género. Resolver con perspectiva de género resulta imperativo…”.

Es indudable que el caso de una denuncia por violencia de género, la retractación que efectúa la denunciante originaria respecto del hecho denunciado es producto de diversos motivos, temor a la represalia por parte del imputado, situación económica en que se puede encontrar la víctima en caso de que la persona denunciada deje de prestarle ayuda para su manutención, y en algunos casos también de los hijos. Es decir, en una palabra que la retractación que efectúa la denunciante la efectiviza por una necesidad de tipo personal y no porque haya falseado lo sucedido al momento de efectivizar la denuncia correspondiente.

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 19 de octubre de 2021 en la causa “M.C.F. s/ recurso de casación interpuesto por agente fiscal”, con el voto del Dr. Carral al que se adhiere el Dr. Maidana,  tiene dicho en relación a un caso de retractación de la denuncia por violencia de género: “….observo que la inclusión de la perspectiva de género, no se abastece con la simple declaración de su consideración en el veredicto. En un caso como el presente exige dimensionar la complejidad que atraviesan las mujeres víctimas de violencia y analizar la prueba a partir de instrumentos conceptuales que aporta la teoría y práctica feminista. En efecto, especialistas en la temática reconocen -a partir de la experiencia de las mujeres-, que las violencias en las relaciones íntimas, no tienen los mismos efectos en aquellas que se desarrollan en otros ámbitos. Así, distintos estudios de campo constataron que vivencia de mujeres víctimas de violencia de género, que a primera vista parecían diversas y aisladas, compartían notas semejantes como la naturalización de la violencia, su minimización o las secuelas de la victimización. La identificación de las mismas lógicas y dinámicas de la relación violencia permitió dotarlas de una atribución de sentido y generar nuevas categorías de referencias o conocimientos, útiles para incorporar a los procesos penales (conf. Mujeres imputadas en contexto de violencia y vulnerabilidad. Hacia una teoría del delito con enfoque de género. Serie Cohesión Social en la práctica. Colección Eurosocial 14, Madrid 2021, pag.31). Luego desde el punto de vista epistemológico, la consideración de aquellas categorías de conocimiento permite analizar las dinámicas, mecanismo y secuelas de la victimización y registrar en el caso concreto hechos relevantes que, desde otras orientaciones, podrían no merecer atención. La introducción al juicio oral de esas variables -como lo hizo la acusación-, debió llevar al tribunal a extremar el análisis (como si se produjo en el presente legajo) de la eficacia probatoria del testimonio de M.M.S., especialmente porque la hipótesis de la fiscalía no se halló desprovista de todo respaldo probatorio y porque el Estado tiene el deber de cumplir con su obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en la ley 26.485, que contempla el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.” (El segundo paréntesis me pertenece).

  1. ERRONEA VALORACIÓNDE LA PUEBA. EMPLEO DE ARMA PARA LLEVAR ADELANTE LA AMENAZA:

Respecto a la agravante de las amenazas por el uso de arma blanca (cuchillo) el juez tuvo para valorar como pruebas el testimonio de la señora D. y el informe de la policía, el oficial Corral Carlos, empleado policial adscripto a la Unidad Funcional de Género, instructor de la causa y el que elaboró el informe respecto del secuestro del cuchillo.

Teniendo en cuenta los hechos descriptos se pone en duda la veracidad y mecánica del hecho de las amenazas propiciadas con el arma blanca, en el punto a cómo llega ese cuchillo a la escena del hecho y cómo lo encontró la policía y procedió a su secuestro.

Posteriormente, efectúa un análisis de las medidas probatorias relacionadas a la entrega del cuchillo y cómo se procedió a su secuestro.

En base a ello, la defensa  considera que existen razones válidas y fundadas para dudar sobre la mecánica de las amenazas y el uso del cuchillo para llevarlas a cabo, por lo que por aplicación del principio “in dubio pro reo” se debe fallar a favor de su defendido.

Esta postura de la defensa, si bien comprensible desde el punto de vista de su función técnica, no es compartida por el suscripto.

Luego que la damnificada efectuara la denuncia el día 4 de febrero de 2022, la nombrada fue entrevistada por la Licenciada en Trabajo Social Sandra Guillermina Torres, arribando a la siguiente Apreciación Profesional:

Situación de género con alto riesgo para la señora D. y sus hijos dados los siguientes indicadores:

. El impacto emocional que le produce a la entrevistada la situación de violencia

. Red familiar y/o social deficitaria

.Hijos expuestos a situaciones de violencia

.Amenazas de muerte. Violencia física (refiere ahorcamiento)

.Incumplimiento de las medidas de protección dispuestas con anterioridad

.Retractaciones previas por parte de la Sra. D.

. Consumo de drogas por parte del Sr. R.

.Otros antecedentes penales con cumplimiento de condena

.Amenazas de muerte

.Historia previa de violencia por motivos de género en la pareja

El empleado policial Carlos Corral, que fue quien tomara la denuncia de febrero (la última), y concurriera al lugar de los hechos, dijo que en el interior de la vivienda estaba la damnificada y un masculino con un bebé en brazos y un cuchillo, siendo en esa oportunidad que se procedió al secuestro de dicha arma blanca. Que tuvieron que romper la puerta del domicilio e ingresaron porque la femenina estaba adentro gritando que no podía salir.

Las lesiones que padecía la damnificada fueron constatadas por la médica del Servicio de Sanidad Policial Romina Camarero el día 4 de febrero de 2022, presentando edema con contusión en región parietal. Se trata de lesiones leves producidas por un choque con un objeto contuso.

También resulta importante la declaración prestada por Azul Angelina L., amiga de la denunciante, siendo en ese momento vecina de D., escuchando llorar a esta última subió para buscar el bebé y llamó a la policía. Cuando fue la segunda vez estaban en la cocina, la bebé estaba en brazos de R. .

La postura del a-quo de dar por cierto los hechos tal como fueran descriptos por la damnificada en su denuncia, se ajusta plenamente a derecho, toda vez que las restantes pruebas producidas así lo acreditan, y ello sin perjuicio de que la retractación de la denunciante no se puede tomar en cuenta tal como lo he analizado precedentemente en los casos de violencia de género.

  1. INOBSERVANCIA DE LA LEY SUSTANTIVA EN CUANTO AL MONTO PUNITIVO APLICADA A SU DEFENDIDO:

En relación al monto punitivo impuesto a R. , la defensa aduce una situación relacionada con una condena impuesta con anterioridad, la cual no analizaré toda vez que el a-quo al momento de fijar el monto punitivo no efectuó el análisis al que alude la recurrente.

En este sentido, analizando los fundamentos del a-quo relacionados a circunstancias agravantes, a las cuales adhiero y a las mismas me remito, siendo el monto impuesto de Tres Años de prisión de efectivo cumplimiento, acorde a los hechos que diera probado el a-quo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el suscripto considera que las lesiones producidas por R. en la damnificada por el hecho de fecha 6 de diciembre de 2021, no se encuentra acreditado, corresponde readecuar la pena a los restantes hechos por los cuales resultará condenado R. .

En este sentido, considero que la pena a imponer en definitiva al nombrado debe ser de Dos Años y Diez Meses de prisión de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes referidas por el a-quo (arts. 40 y 41 del CP) a las cuales adhiero y me remito.

Que ello así, debe hacerse lugar parcialmente al recurso de impugnación interpuesto por la defensa, únicamente en relación con las Lesiones Leves de fecha 6 de diciembre de 2021, decretando la Absolución a ese respecto de J. A. R. .

Respecto de los restantes agravios de la defensa, corresponde no hacer lugar a los mismos, confirmando a ese respecto la sentencia N° 75/22 de fecha 12 de agosto de 2022.

 

El señor Juez Mauricio Piombi, dijo:

Atento los fundamentos vertidos por mi colega preopinante, adhiero a los mismos y expido mi voto en igual sentido.

 

En mérito al acuerdo que antecede el TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN PENAL:

RESUELVE:

PRIMERO: Hacer lugar parcialmente al recurso de impugnación interpuesto en fecha 29 de agosto de 2022 por la Defensora General de la Primera Circunscripción Judicial, María Silvina Blanco Gómez en lo que respecta al delito de Lesiones Leves Agravadas por haberse mantenido una relación de pareja (arts. 89, 92 y 80 inc.1° del C.P.) por la cual fuera acusado J. A. R.  ocurridas en fecha 6 de diciembre de 2021, revocando en consecuencia la condena impuesta a su respecto en la Sentencia N° 75/22 de fecha 12 de agosto de 2022, dictada por la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial.

SEGUNDO: Absolver a J. A. R. (DNI n° 43.069.771, de apellido materno Chandia) por del delito de Lesiones Leves Agravadas por haberse mantenido una relación de pareja (arts.89, 92 y 80 inc.1° del C.P.) por el cual fuera acusado, ocurridas el día 6 de diciembre de 2021.

TERCERO: No hacer lugar a los restantes agravios de la defensa, confirmando en consecuencia a ese respecto la Sentencia N° 75/22 de fecha 12 de agosto de 2022, dictada por la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, quedando en definitiva el Fallo de la misma, tal como se establece en el siguiente punto del Presente:

CUARTO: CONDENANDO a J. A. R. (DNI n° 43.069.771, de apellido materno Chandia) como autor material y penalmente responsable de los delitos de Lesiones Leves Agravadas -un hecho- por haberse mantenido con una persona que se tenía relación de pareja (arts. 89, 92 y 80 inc.1° del C.P.), Amenazas Simples (art.149 bis, primer párrafo, primer apartado del C.P.) y Amenazas Simples agravadas por el uso de armas (arts. 149 bis, primer párrafo, segundo apartado del C.P.), todo en concurso real (art. 55 del C.P.) encuadrado a su vez en los presupuestos de la Ley 26.485 de Protección Integral a las mujeres, a la PENA DE DOS AÑOS Y DIEZ MESES de prisión de cumplimiento efectivo (art. 27 segundo párrafo del C.P.), declarándolo Reincidente (art. 50 del C.P.), sin costas (art. 455 del C.P.P.)

QUINTO: Protocolícese. Notifíquese. Oportunamente archívese el presente legajo.

 

 

127852/1 - 2022
 
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