En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 25 días del mes de agosto del año dos mil veintidós se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, Dr. Eduardo Fernández Mendía y por su vocal, Dr. José Roberto Sappa, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “DOMÍNGUEZ Pablo Alberto c/ MUNICIPALIDAD DE EDUARDO CASTEX s/Despido y Medida Cautelar ”, expediente nº 2086/22, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que

RESULTA:

               I.- Mediante actuación nº 1.386.520 el Dr. Gustavo César Massara, en representación del actor Sr. Pablo Alberto Domínguez, interpone recurso extraordinario provincial en los términos de los incisos 1º y 2º del artículo 261 del CPCC contra la sentencia de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que resolvió: “I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por MUNICIPALIDAD DE EDUARDO CASTEX, conforme a los fundamentos dados en los considerandos, con costas a su parte contraria vencida (art. 62 CPCC). II.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandante Pablo A. DOMINGUEZ, por las motivaciones expresadas en los considerandos de este pronunciamiento, con costas (art. 62 CPCC)” (actuación nº 1.333.923).

               Refiere al cumplimiento de los extremos formales del recurso y continúa con el relato de los antecedentes del caso.

               Señala que el actor Pablo Alberto Domínguez fue empleado sin registración de la Municipalidad durante un año y que luego de ser despedido demandó a ésta con el fin de que se lo incorpore a planta permanente, con la categoría correspondiente de acuerdo a la Ley Nº 643 o, en su defecto, se le abone la indemnización por despido y demás rubros salariales reclamados. También solicitó como medida cautelar, su reincorporación.

                 Manifiesta que en primera instancia el juez laboral hizo lugar a la demanda declarando incausado el despido, reconoció la indemnización peticionada en subsidio aplicando la ley nacional de empleo nº 25.164 –por similitud al art. 245 de la LCT­­– y descartó las restantes indemnizaciones basadas en la LCT. Asimismo rechazó el requerimiento de reincorporación al empleo.

               Expone que ambas partes recurrieron la decisión y relata los respectivos agravios.    

               Agrega que la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia y rechazó la demanda en todas sus partes declarando la inaplicabilidad de la Ley de Contrato de Trabajo.

             Denuncia el absurdo y la incongruencia en la decisión recurrida al fallar más allá de lo pedido –ultra petita­– y al negar la aplicación de una ley que ambas partes convalidaron –extra petita–.

             Precisa que la Cámara se extralimitó al considerar inaplicable al caso la Ley de de Contrato de Trabajo, cuando ello no fue objetado por la demandada, quien por el contrario solicitó su aplicación.

             Indica que el fallo vulneró el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, como también la garantía de legalidad y debido proceso.

             Enfatiza en la ausencia de un sumario previo y así en el marco del inciso 1º del art. 261 del CPCC acusa de contradictoria la aplicación de las normas del derecho administrativo (Ley nº 643), cuando la propia Municipalidad le negó las garantías que dicho régimen reconoce.

               Por último efectúa la reserva del caso federal.

               II.- Admitido el recurso por la Cámara de Apelaciones, este Superior Tribunal lo declara prima facie admisible, mediante actuación nº 1.590.028 por las causales previstas en los incisos 1º y 2º del artículo 261 del CPCC.

               III.- Corrido el traslado a la parte recurrida, contesta la demandada mediante actuación nº 1.610.935 solicitando el rechazo del recurso interpuesto.

                Aclara que el pedido de incorporación a planta permanente fue rechazado en primera instancia y que ese aspecto de la decisión no fue apelada por la actora.

                 Alude a la expresa petición de su parte, respecto a que corresponde aplicar al caso la ley de procedimiento administrativo.

                 Puntualiza que el despido del actor se fundó en el incumplimiento de un acto administrativo, cual fue la resolución que determinó su reubicación, el que no fue recurrido.

                 Concluye que no existe en el caso, la incongruencia alegada por la contraria.

             IV.- Mediante actuación nº 1.632.366 el Sr. Procurador General subrogante dictamina en el caso y sostiene que corresponde el rechazo del recurso impetrado.

                  V.- A través de la actuación nº 1.632.680 se llama autos para sentencia y;

CONSIDERANDO:

                 PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo al inciso 2º del art. 261 del CPCC? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es fundado el recurso intentado por la causal del inciso 1º de la misma norma adjetiva?                TERCERA CUESTIÓN: en su caso, ¿qué solución corresponde adoptar?

                PRIMERA CUESTIÓN: 1º) Comenzando con el análisis de la primera cuestión a tratar cabe señalar que el reclamante denuncia como primera causal recursiva la incongruencia del decisorio en crisis, al resolver más allá de lo solicitado –ultra petita– y al negar la aplicación de una ley que ambas partes convalidaron –extra petita–.

               El fundamento del vicio denunciado radicó en el hecho de que la sentencia excede o es extraña al contenido de la pretensión recursiva de la demandada, mediante la cual no objetó la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que por el contrario, la convalidó.

             2º) Seguidamente y a fin de facilitar la solución del caso conviene ilustrar en una breve síntesis lo resuelto en la instancia ordinaria.

               El juez de primera instancia consideró en primer lugar que no se acreditaron los hechos imputados por la empleadora para justificar la ruptura del vínculo laboral, concluyó con ello que el despido fue incausado y que le asiste el derecho al trabajador a ser indemnizado.

               El magistrado razonó que “…al no existir el acto expreso de designación no puede incluirse al actor en régimen de la Ley nº 643, aunque es de toda lógica y equidad, que algún tipo de regulación legal debe amparar al trabajador”.

               En tal idea, entendió que al no haber sido incluido el trabajador por acto expreso del Municipio demandado en el régimen de la LCT (art. 2 inc. a), no correspondía la aplicación de dicho régimen a la relación laboral en cuestión y recurrió por analogía al régimen indemnizatorio previsto por la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional –aprobada por Ley Nº 25.164, similar al art. 245 de la LCT– en cuanto establece un mes de sueldo por cada año de servicio.

                 Por otra parte, el sentenciante no hizo lugar a las restantes indemnizaciones reclamadas con base en la LCT, ni las derivadas de la Leyes Nº 25.323 y Nº 24.013 por no ser de aplicación dicha normativa al caso de autos.

                 Respecto a la pretensión principal de reincorporación al empleo, se juzgó improcedente en virtud de no gozar de estabilidad en su puesto de trabajo al no ser empleado permanente de la Administración Pública, en los términos de la Ley Nº 643.

             A su turno, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de la instancia anterior y rechazó la demanda en todas sus partes.

            Para así decidir, el tribunal de mérito puso especial énfasis en la existencia de un acto administrativo dictado por la Municipalidad demandada, de fecha 09/06/20 (resolución Nº 214/2020) por el cual se determinó la reubicación de personal, entre ellos el actor de autos y destacó que esa situación dio origen a un conflicto gremial que culminó con el desalojo de la planta.

             Consideraron los sentenciantes que la empleadora apreció como conducta grave la negativa del hoy recurrente a ejecutar las labores propuestas y decidió como sanción su desvinculación.

             Es en este escenario que el órgano intermedio advirtió que ante la ausencia de impugnación del aludido acto administrativo, el actor “…enderezó mal su acción judicial basándose centralmente (en época de restricciones y cuidados sanitarios extremos generados…por Covid-19), en las disposiciones del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 329/20 (claramente improponible para el sector público y ad eventum, inaplicable para el régimen del trabajo privado en tanto se alegase despido con causa)”.

           Para la judicatura correspondía así, “…el agotamiento de la vía por el camino del recurso de revocatoria (no se hizo), como para eventualmente habilitar con ello la posibilidad de autotutela del órgano público administrador y, en su caso, la instancia judicial contenciosa…”.

           La Cámara también se refirió a la decisión de la Sala C de este STJ de fijar la competencia de aquella para resolver la cautelar peticionada por la actora (tramitada bajo el expte. nº 145641 caratulado “Municipalidad de Eduardo Castex s/Incidente”, STJ, Sala C) –ante la ausencia de planteo de incompetencia, y apartamiento del juez titular en ese trámite incidental–, y destacó que este Superior Tribunal advirtió en dicha oportunidad “…que lo allí resuelto era sin perjuicio que la cuestión litigiosa debía ser juzgada con base en la normativa jurídica que el sentenciante de grado omitió aplicar en la integralidad de su pronunciamiento…”.

               3º) Dados los términos del debate y adelantando opinión, no se vislumbra en el caso que la Cámara de Apelaciones haya excedido el límite impuesto por el principio de congruencia como lo invoca el quejoso.

               Es preciso señalar que este Superior Tribunal de Justicia viene sosteniendo a través de reiterados fallos que la congruencia es la conformidad entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que, sumadas a su oposición u oposiciones, constituyen el objeto del proceso.

               Tal principio importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio, exigencia que es consecuencia del sistema procesal dispositivo que deja en manos de los justiciables, tanto el estímulo de la función jurisdiccional, como el aporte de los materiales sobre los que versará la decisión del juez. Les incumbe a las partes fijar el alcance y contenido de la pretensión y oposición, acercando los datos que conforman sus elementos (sujeto, objeto, causa), todo lo cual concurre a formar el thema decidendum (Alberto Tessone, Recursos extraordinarios, Editora Platense, La Plata, 2000, p. 131).

                 De este modo, la litis determina los límites de los poderes del juez que debe pronunciarse sobre todo lo que se reclama y sólo sobre lo que se pide (STJ Sala A, exptes. n° 1249/12 y nº 2015/21).

                  Por otra parte, como contrapartida se presenta la incongruencia, que es el vicio descalificador del pronunciamiento que puede manifestarse cuando el fallo excede el contenido de la pretensión u oposición (ultra petita), omite decidir sobre cuestiones propuestas (citra petita) o se pronuncia sobre materia extraña a la pretensión u oposición, concediendo o negando lo que ninguna de las partes peticionó (extra petita) (STJ, Sala A, exptes. n° 1459/14, n° 1694/17, n° 1775/18; nº 1803/18; entre otros).

                   Es sabido que los límites impuestos por el principio de congruencia a los poderes de la jurisdicción se van tornando más estrechos a medida que la causa avanza a los distintos niveles de juzgamiento.

                  En lo que interesa al recurso en tratamiento es dable puntualizar que el órgano de apelación incurrirá en incongruencia si juzga cuestiones no propuestas o consentidas explícitamente al apelar o al exponer los agravios.

                 Pues la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos que determinan el ámbito de su competencia decisoria y la prescindencia de tal limitación causa agravio a la garantía constitucional de la propiedad.

                Destaca Tessone la importancia de los actos procesales de alegación consistentes en el escrito de expresión de agravios, memorial equivalente y sus contestaciones. En tanto, por el estado de avance y el correlativo campo funcional del órgano de alzada, ya han quedado agotadas las alegaciones postulatorias contenidas en la demanda, reconvención y sus respondes y la actividad debe ajustarse a las alegaciones críticas (El recurso de apelación y los capítulos no propuestos al inferior, en J.A. 1985-IV-828, cap.III).

                Y dentro de los agravios, el poder de los jueces de aplicar el derecho con independencia de lo alegado por las partes, está supeditado a la afirmación y prueba de los hechos pertinentes, debiendo cuidar de no introducir alteraciones a la relación procesal (SCBA: Ac. 25641, 8/5/79).

         Ahora bien, esta limitación impuesta a los jueces y tribunales por el principio de congruencia es infranqueable en el terreno fáctico, pero no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde “decidir el derecho” (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit (Fallos 337:1142).

         Cabe recordar que el principio iuria novit curia faculta   al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes.

         El máximo órgano nacional ha sostenido en sus fallos que la facultad derivada de este principio, que se encuentra en cabeza de los jueces, no se extiende a alterar las bases fácticas del litigio, ni la causa petendi, ni tampoco a la admisión de hechos o defensas no esgrimidas por las partes (Fallos 341:531; 329:429:4372; 314:536; 300:1015; 270:22, entre otros).

         Aunque también ha dicho la Corte que la facultad de decidir el derecho, que autoriza a los jueces a calificar autónomamente los hechos del caso y subsumirlos en las normas jurídicas que lo rijan (iura novit curia) reconoce excepción respecto de los tribunales de alzada, en el ámbito de los puntos resueltos con carácter firme en primera instancia, pues no pueden exceder, en materia civil, la jurisdicción devuelta por los recursos deducidos ante ellos (Fallos: 313:983; 312:696; 252:323, entre otros).                                                        

         4º) En el marco conceptual descripto precedentemente no se advierte en el caso que la Cámara de Apelaciones haya quebrantado el ámbito de las atribuciones y deberes que le competen como tribunal de alzada, toda vez que en ejercicio de las facultades que la amparan, arribó a un adecuado examen del material fáctico y su pertinente encuadre en las disposiciones jurídicas correspondientes.

         Bien señaló el órgano sentenciante cuando observa e insiste que “la relación sustancial es palmariamente de derecho público, sujetable al régimen de las contrataciones que lleva adelante un Estado local municipal y que en este caso involucra a un agente amparable sólo en el régimen de la legislación para el empleo público provincial (por adhesión expresa o tácita), a la que le aplican inevitablemente las normas del derecho administrativo” (Punto III, sentencia de Cámara).

         De esta manera, y conforme se anticipó la incongruencia alegada no se encuentra configurada en el particular.

           5º) Sin perjuicio de lo expuesto, interesa poner de resalto que la Municipalidad accionada en oportunidad de contestar la demanda, puntualmente respecto a la pretensión principal del actor de que se lo reincorpore a planta permanente dejó sentada su postura que la Ley de Contrato de Trabajo es ajena a la relación de empleo público, y que la misma se encuentra en la órbita del Derecho Administrativo. Inclusive, la nombrada habló de una doble acción incompatible entre sí (Punto IV, actuación nº 689.106).

             También la demandada aludió a similares argumentos al contestar los agravios de la actora referidos a la normativa aplicable a la relación laboral, entendiendo inaplicable el régimen de la LCT a relaciones laborales en las cuales se encuentra involucrado el Estado por estricta aplicación del art. 2, inc. a) de la LCT (punto III, actuación nº 1.074.524).

       En fin, por todo lo expresado, corresponde dar respuesta negativa a la PRIMERA CUESTIÓN.

         SEGUNDA CUESTIÓN: 1º) Previo al tratamiento de esta cuestión, resulta conveniente recordar que la circunstancia de haberse declarado prima facie admisible el recurso extraordinario provincial al tiempo de efectuarse el primer análisis de admisibilidad, no impide al Superior Tribunal de Justica su reexamen, una vez abocado a dictar sentencia.

         Tal ha sido la solución adoptada por este tribunal (STJ Sala A) en las causas “Busek”, expte. nº 968/08; “Arcuri”, expte. nº 1220/11; “Martini” expte. nº 1627/17, entre otras, en las que resolvió que “…ante la excepcionalidad que caracteriza a los remedios extraordinarios provinciales, el control para habilitarlos ha de ser riguroso no sólo en la etapa preliminar sino también al tiempo de dictar la sentencia final, para así evitar que en la práctica se los desvirtúe; pues nada exime a este Tribunal de la responsabilidad que le incumbe, de velar por la estricta observancia de las formas instituidas para la mejor administración de justicia”.

         2º) Ingresando ahora sí al análisis de la causal del inciso 1º del artículo 261 del CPCC, el actor denuncia que la Cámara de Apelaciones aplica de forma absurda y errónea, la normativa de la Ley Nº 643 y que le reprocha a su parte no haber seguido las formalidades de un procedimiento administrativo “que la demandada nunca siguió”. Encuentra de esta manera violentados sus derechos de igualdad ante la ley, legalidad, propiedad y debido proceso.

         Se advierte prontamente que el recurrente incurre en la falla técnica de mezclar los distintos carriles recursivos.

         Por otra parte, no logra rebatir los argumentos dados por la judicatura, quien en forma categórica concluyó que si el vínculo fue reconocido por los litigantes desde el origen de este proceso como sucedido en el ámbito del sector público, el derecho administrativo era y es el régimen de ley aplicable y al que las partes de manera inevitable estaban sometidos.

         Tampoco logra desvirtuar el impugnante los argumentos dados para fundar la inadmisibilidad en el aspecto relativo a los presupuestos procesales y a la obligación de verificar el cumplimiento de éstos, no solo a instancia de parte sino también de oficio.

         No alcanzan los argumentos dados por el interesado al invocar la violación de los derechos y garantías constitucionales para tener por configurada la violación a los arts. 16, 17 y 18 de la CN, ni la aplicación errónea de la Ley Nº 643 que aduce.

         Pues su crítica no pasa de ser una mera disconformidad con la forma en que la Cámara resolvió la cuestión, que en modo alguno resulta suficiente para convencer a este tribunal de tomar una decisión distinta a la adoptada por los sentenciantes.         

         Es que a los fines de la suficiencia del recurso extraordinario provincial, no basta la cita de las normas que se suponen infringidas o la alegación genérica de vulneración de garantías constitucionales, sino que es necesario demostrar en qué consiste la violación o errónea aplicación de la ley.

         Esta carga ineludible recae en el interesado quien debe demostrar la existencia de la equívoca aplicación legal y que el error es grave y esencial, debiendo indicar en forma suficiente y minuciosa en qué y cómo se equivocaron los jueces que dictaron la resolución impugnada y cómo ello ha influido de manera sustancial en lo dispositivo de la sentencia.

               Es decir, el recurso extraordinario debe estar suficientemente fundado de manera que se baste a sí mismo con el objeto de demostrar en qué consiste el error in iudicando que se adjudica a la resolución (STJ, Sala A, exptes. nº 1777/18, nº 2006/21, entre otros), extremo que en el caso no se encuentra cumplimentado.

             3º) Por último y a mayor abundamiento se entiende oportuno hacer una breve mención al criterio sentado por este Superior Tribunal, en su Sala C, en numerosos fallos donde se sostiene el carácter previo y de ineludible cumplimiento del requisito de impugnación en sede administrativa del acto administrativo.

              En este sentido se sostuvo que para acceder a la vía judicial el ordenamiento exige la preexistencia de un acto administrativo que decida en forma definitiva el fondo de la cuestión y que cause estado, porque la instancia ha sido adversa al administrado, y la irrevisabilidad –en aquella sede de la resolución–, representa el agotamiento total de la instancia administrativa y, en ella, de los recursos que la ley establece a favor del administrado (STJ, Sala C, exptes. nº 126/94; nº C-23/15; nº 34/16; nº C - 40/16, entre otros).

         Con las consideraciones precedentes, damos también respuesta negativa a la SEGUNDA CUESTIÓN.

         TERCERA CUESTIÓN: Como consecuencia de lo resuelto en la cuestión que antecede, corresponde rechazar el recurso extraordinario presentado por el actor Pablo Alberto Domínguez, quien deberá soportar las costas de esta instancia por aplicación del principio general de la derrota (art. 62, CPCC).

                 Por todo lo expuesto, la Sala A del Superior Tribunal de Justicia;

RESUELVE:

           1) Rechazar el recurso extraordinario provincial interpuesto mediante actuación nº 1.386.520 por Gustavo César Massara, en representación del actor Sr. Pablo Alberto Dominguez

           2) Imponer las costas de esta instancia extraordinaria a la vencida (artículo 62 del CPCC).

           3) A tal fin, regular los honorarios de la Dra. Norma A. Saucedo (apoderada de la demandada) en un 28% y los del Dr. Gustavo César Massara (apoderado de la actora) en un 25%, en ambos casos de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (artículos 5, 6, 12, 17, 19 y ccdtes. de la Ley de Aranceles nº 3371), importes a los que se les adicionará el porcentaje de IVA, de así corresponder.

                   4) Regístrese y notifíquese y oportunamente devuélvanse estas actuaciones a su procedencia mediante cargo en el Sige.

 

 

 

 

         Dr. José Roberto SAPPA                                                               Dr. Eduardo FERNÁNDEZ MENDÍA

                 Vocal Sala A                                                                                   Presidente Sala A

           Superior Tribunal de Justicia                                                         Superior Tribunal de Justicia

 

 

 

 

                                                Dra. Cecilia María BELÁUSTEGUI

                                                           Secretaria de Sala

                                                        Superior Tribunal de Justicia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2086/22 - 2022
 
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EMPLEO PÚBLICO – Despido de empleado no registrado: exigencia de agotamiento de la instancia administrativa para poder acceder a la vía judicial

 

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            En el marco conceptual descripto precedentemente no se advierte en el caso que la Cámara de Apelaciones haya quebrantado el ámbito de las atribuciones y deberes que le competen como tribunal de alzada, toda vez que en ejercicio de las facultades que la amparan, arribó a un adecuado examen del material fáctico y su pertinente encuadre en las disposiciones jurídicas correspondientes.

            Bien señaló el órgano sentenciante cuando observa e insiste que “la relación sustancial es palmariamente de derecho público, sujetable al régimen de las contrataciones que lleva adelante un Estado local municipal y que en este caso involucra a un agente amparable sólo en el régimen de la legislación para el empleo público provincial (por adhesión expresa o tácita), a la que le aplican inevitablemente las normas del derecho administrativo” (Punto III, sentencia de Cámara).

            […] Por último y a mayor abundamiento se entiende oportuno hacer una breve mención al criterio sentado por este Superior Tribunal, en su Sala C, en numerosos fallos donde se sostiene el carácter previo y de ineludible cumplimiento del requisito de impugnación en sede administrativa del acto administrativo.

            En este sentido se sostuvo que para acceder a la vía judicial el ordenamiento exige la preexistencia de un acto administrativo que decida en forma definitiva el fondo de la cuestión y que cause estado, porque la instancia ha sido adversa al administrado, y la irrevisabilidad –en aquella sede de la resolución–, representa el agotamiento total de la instancia administrativa y, en ella, de los recursos que la ley establece a favor del administrado (STJ, Sala C, exptes. nº 126/94; nº C-23/15; nº 34/16; nº C - 40/16, entre otros).

AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA DESPIDO EMPLEO NO REGISTRADO EMPLEO PUBLICO