SANTA ROSA,   veintinueve  de septiembre de dos mil veintiuno. 

VISTOS

Los presentes autos caratulados: “Paturlanne, Marta Beatriz contra Municipalidad de Santa Isabel – Concejo Deliberante– sobre Demanda Contencioso-administrativa”, expediente nº 8082, en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia, sala C, y; 

CONSIDERANDO

1º) La Municipalidad de Santa Isabel, en la oportunidad de contestar la demanda, y como cuestión previa, opuso la defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa (Actuación 99332). 

Para ello, expresa que la resolución controvertida ha sido dictada por el Concejo Deliberante en ejercicio de la función administrativa mediante un acto de oficio. 

Dice que esa circunstancia obligaba a la parte actora, como requisito ineludible, agotar previamente la vía administrativa mediante la interposición del recurso de reconsideración, en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 100, última parte, de la Norma Jurídica de Facto nº 951/79. 

Afirma que la Sra. Paturlanne, concretamente, omitió interponer recurso de reconsideración obligatorio contra las resoluciones dictadas por el Concejo Deliberante de fechas 9 y 25 de marzo, ambas de 2021. 

La Sra. Paturlanne, mediante su apoderada, expresa que resulta de aplicación el artículo 106 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues tratándose de un acto administrativo definitivo emanado del máximo órgano de un ente autárquico, no resulta procedente interponer el recurso de reconsideración (Actuación 1018583). 

También con fundamento en el referido artículo 106 del decreto 1684/79, expresa que optó por iniciar la acción contenciosa-administrativa dada la imposibilidad e irrazonabilidad, desde el punto de vista jurídico, de pedir al mismo órgano autónomo que reconsiderara su decisión. 

El señor Procurador General subrogante dictamina que corresponde admitir la defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa, pues los actos administrativos cuestionados no revisten la calidad de definitivos (conf.: Dictamen C-nº 32 /21). 

2º) Para dar respuesta a la cuestión traída a consideración, cabe señalar que las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo (NJF 951/79) y su decreto reglamentario (decreto 1684/79) –invocadas tanto por la parte demandada, para dar fundamento a su postura, como por la parte actora para resistir el planteo en examen– resultan inaplicables a esta cuestión, pues ha de regirse por las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento. 

En efecto, en la oportunidad de resolver la competencia material se precisó que Marta Beatriz Partulanne había iniciado una demanda contencioso-administrativa mediante la que pretendía la declaración de nulidad de los actos administrativos que conformaron el proceso acusatorio, imputación y destitución que dio origen a la resolución nº 01/21, fechada el 9 de marzo de 2021, y concluyó con la resolución fechada el 25 de marzo del mismo año. 

En aquella oportunidad se especificó que las actuaciones cuya nulidad se pretende están originadas en el marco de un procedimiento de investigación de responsabilidad de miembros del gobierno municipal, mecanismo establecido en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento (ley 1597, BO 6/1/1995). 

En tal sentido, se destacó que aquellas actuaciones revisten naturaleza política-administrativa, dado que han sido dictados por el Concejo Deliberante como autoridad en ejercicio de su función administrativa y que, como tal, revisten el carácter de actos preparatorios dentro de un proceso jurisdiccional administrativo del mismo Concejo Deliberante (conf.: arts. 119 y 120, ley 1597). 

A partir de ello, es válido concluir que ese proceso jurisdiccional administrativo tiene naturaleza análoga a la del juicio político o del jurado de enjuiciamiento, pues se está en presencia de un juicio de responsabilidad política cuyas particularidades están establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento. 

Consecuentemente, esa naturaleza jurídica del acto emitido por el Concejo Deliberante  obsta a requerir, como si se tratara de un acto de carácter administrativo, el agotamiento de la vía administrativa a los efectos de su posterior control o revisión judicial.  Proceder de otro modo implicaría desatender la naturaleza del acto cumplido por el Concejo Deliberante de Santa Isabel. 

3º) En virtud de las circunstancias descriptas y examinadas precedentemente corresponde rechazar el planteo de falta de agotamiento de la vía administrativa. 

4º) Las costas se imponen a la demandada excepcionante (art. 70, CPCA). 

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, sala C; 

Resuelve

1º) Rechazar la defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa. 

2º) Imponer las costas de esta incidencia a la Municipalidad de Santa Isabel – Concejo Deliberante (conf.: art. 70, CPCA) y diferir la regulación de honorarios para el momento del dictado de la sentencia definitiva. 

3º) Por Secretaría, regístrese y notifíquese mediante cédulas electrónicas. 

 

Firmado: Dr. José Roberto Sappa, Presidente de Sala C, Superior Tribunal de Justicia; Dra. Elena Victoria Fresco, Vocal, Sala C, Superior Tribunal de Justicia; Sergio Javier Díaz, Secretario Sala C, Superior Tribunal de Justicia

 

 

8082 - 2021
 
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FUNCIONARIOS PUBLICOS – Responsabilidad por los actos en ejercicio de sus funciones: responsabilidad jurídica y política

 

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Una de las características esenciales del sistema de gobierno representativo y republicano estructurado tanto en gobierno federal como en los gobiernos provinciales y municipales es la responsabilidad de sus funcionarios y funcionarias, de carácter electivo o no, por los actos que realizan en ejercicio de sus funciones.-

Sabido es que esa responsabilidad por el desempeño de funciones públicas puede dividirse en dos grandes áreas: jurídica y política.

La primera comprende la responsabilidad civil, la penal y la administrativa y cuya determinación es establecida por órganos jurídicos típicos y con base en procedimientos rodeados de las garantías jurídicas.

La responsabilidad política, por su lado, se presenta sin revestir la característica de jurídica y sus decisiones, tomadas por un órgano político, no importan necesariamente una sanción civil, penal o administrativa, sino que tiene como consecuencia la destitución o revocatoria del mandato de ese funcionario o funcionaria en cuestión. Esta es la cualidad esencial que determina los atributos peculiares de la responsabilidad política y que la distingue de la responsabilidad jurídica.

[…] El mecanismo institucionalizado para el juzgamiento de la responsabilidad política recibe el nombre de procedimiento de destitución, enjuiciamiento o juicio político, y su razón de ser es la de evaluar, por medio de un procedimiento, el desempeño para determinar la continuación o cese del mandato.

FUNCIONARIOS PUBLICOS RESPONSABILIDAD JURÍDICA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

FUNCIONARIOS PUBLICOS – Responsabilidad política: procedimiento regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento (potestades acordadas al Consejo Deliberante).

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La Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento regula ciertos aspectos referidos al procedimiento para el juzgamiento y, en caso de corresponder, la destitución y remplazo definitivo de quien esté ejerciendo el cargo de intendente o intendenta, pero nada indica respecto de la modalidad de ese ejercicio.

[…] En lo demás, la ley concede autonomía al Concejo Deliberante para establecer, por sí, sus propias normas de funcionamiento para la realización de las potestades otorgadas y facilitar la realización de su función de control. Ello, claro está, siempre que se respeten las pautas generales y demás recaudos que la ley ha establecido.

Es decir, el Concejo Deliberante tiene dentro de sus potestades la interpretación e integración de la normativa concerniente a su funcionamiento.

Entre ellas, las relacionadas específicamente al procedimiento para la valoración de las transgresiones que no signifiquen la comisión de delitos dolosos, entre cuyos aspectos, cabe incluir la modalidad en que se cumplirá ese procedimiento, aspectos que solamente serán susceptibles de revisión por el Poder Judicial en la medida en que se verifique una vulneración del derecho de defensa y debido proceso.

Y esto último es así, pues el ejercicio de la facultad de juzgamiento del intendente no implica en modo alguno que el Concejo Deliberante revista el carácter de un tribunal de justicia, sino que ejerce atribuciones de tipo político y juzga una responsabilidad de la misma naturaleza.

CUESTION POLITICA FUNCIONARIOS PUBLICOS INTENDENTE MUNICIPAL RESPONSABILIDAD POLÍTICA

CUESTIONES POLITICAS – Intervención judicial en enjuiciamientos políticos: posibilidad ante la demostración de grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio.

 

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Las decisiones en materia de los llamados juicios o enjuiciamientos políticos, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos al poder judicial, constituyen un ámbito en el que solo es posible la intervención judicial en la medida en que la parte interesada aduzca y demuestre un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio.

[…]

Autorizada doctrina enseña que en los procedimientos en los que se considera la responsabilidad política del intendente o de la intendenta resulta inviable la aplicación de todo el ritualismo propio de otros procesos de naturaleza judicial como son el proceso civil, penal o contencioso-administrativo (conf.: Antonio María Hernández, Juicio Político Municipal. Proceso de revocación del mandato del intendente por el concejo deliberante, Rubinzal Culzoni, 1ª edición, Santa Fe, 2003, pág. 63).

Desde esta perspectiva, es inválido recurrir a la aplicación automática de la garantía constitucional de imparcialidad destinada a regir procesos judiciales o materialmente jurisdiccionales, calificación que no puede asignársele al procedimiento establecido por la ley 1597.

CUESTION NO JUSTICIABLE CUESTION POLITICA DEBIDO PROCESO PROCESO DE ENJUICIAMIENTO GARANTIA DE DEFENSA EN JUICIO

CUESTIONES POLITICAS – Criterio sobre su justiciabilidad

 

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Desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance en desmedro de otras facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (conf.: Fallos 155:248; 311:2580; 320:2851).-

En esa línea de razonamiento y específicamente con relación a los enjuiciamientos políticos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que éstos están sujetos al control jurisdiccional cuando se alegue y demuestre un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15 de la ley 48; conf.: Fallos: 332:2504, voto de los jueces Lorenzetti y Fayt; Fallos: 339:1463, voto del juez Lorenzetti; “Saladino, Antonio Cayetano”, Fallos: 340:1927-, voto de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz; y “Samamé Eduardo" Fallos: 341:54).

CUESTION NO JUSTICIABLE CUESTION POLITICA